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INE Pilatos en Coahuila

INE Pilatos en Coahuila


Se antojaba más que difícil y finalmente sucedió: el Instituto Nacional Electoral encontró el recoveco para sacarle la vuelta a la anulación de las elecciones en Coahuila por el rebase de los topes de campaña.
El INE simplemente dijo: no nos corresponde ni fijar los topes de campaña ni anular elecciones por violaciones a ese rubro.
Fue el propio Instituto Electoral el que abrió la puerta luego de detectar que al menos dos de los candidatos principales en Coahuila habían rebasado por mucho los topes de campaña en gastos no reportados, es decir, una franca violación a la ley.
De inmediato la especulación se dio en torno a que la tan controvertida elección de gobernador en ese estado podía ser anulada, luego de que ni los morenistas ni el Partido Acción Nacional encontraban la manera legal de anular el triunfo del priista Miguel Ángel Riquelme.
Cabe recordar que en la reforma electoral del 2014 se introdujo una nueva norma en materia de fiscalización que por un lado afilaba los dientes de la autoridad electoral para fiscalizar “en tiempo real”, es decir, al momento, los gastos de campaña de los candidatos. Para ello se crearon mecanismos de registros de proveedores, candidatos, formatos de gastos, etcétera.
El primer ejercicio fue en 2015 con buenos resultados por parte del INE.
Por otro lado, la norma incluye sanciones que van hasta la cancelación del triunfo a quienes rebasen hasta en un 5 por ciento el tope de gastos.
Sin embargo, ante tanta especulación que se generó, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, antes de reanudar una maratónica sesión en la que se definiría el destino de los dictámenes de fiscalización de los gastos de campañas en Coahuila, aclaró que no le correspondía al INE dictaminar en torno a una posible anulación.
La declaración fue más que dramática por parte de Córdova, pero dejó en manos de los tribunales electorales el destino final de esas elecciones. El INE se limitó a imponer multas económicas.
Córdova Vienello dijo que en este 2017 habían realizado la fiscalización más “robusta de la historia” con la revisión de mil 258 millones de pesos de las elecciones celebradas en 4 entidades. Comparativamente –dijo—en 2016 se fiscalizaron mil 612 millones de pesos en las 14 entidades donde hubo elecciones.
En la fiscalización del presente año alcanzaron la revisión de 78 mil 713 “testigos” de los gastos, es decir, muy superior a lo alcanzado en 2016, donde registraron 17 mil 445 y todavía mucho mayor a los 40 mil 66 registrados en las elecciones de 2015, en donde hubo comicios federales y concurrentes en 16 estados.
Afirmó que pasaron de revisar 3.1 “testigos” de gastos por candidato a 24.1.
Sin embargo, lo interesante es que el monto de lo no reportado por los candidatos en las elecciones de 2017 fue por la exorbitante cantidad de 364.2 millones de pesos. En las 14 elecciones del 2016 fue de 77.3 millones de pesos, es decir, la diferencia fue de 471 por ciento entre un año y otro.
Aun así el presidente del INE insistió que “si bien el INE es responsable de la fiscalización, no lo es de la determinación de los topes de gastos de campaña y de las consecuencias de la fiscalización en el proceso de calificación de las elecciones”.
Córdova abundó que en el Estado de México –que también tuvo elecciones-- el tope de gastos de campaña para gobernador fue de 285 millones de pesos, con un Listado Nominal de 11.3 millones de electores.
Referencialmente dijo que ese tope, proporcionalmente es 5 veces más alto del que tendremos para el proceso de elección presidencial de 2018, que será de alrededor de 427 millones de pesos pero con un padrón de 87 millones de electores.
En Coahuila se tenía un tope de gastos de 19.2 millones de pesos, siendo incongruente ese gasto frente a los 20.5 millones tope en Nayarit, a pesar de que el Listado Nominal de Coahuila es 5.2 veces más grande que el nayarita.
Agregó que el tope de gasto del Estado de México supone 25 pesos por cada elector, mientras que el presidencial de 2018 será de solo 5 pesos por elector.
Finalizó diciendo que la aplicación de la norma –cancelación de elecciones por rebase de topes-- le toca a la justicia federal y que “el trabajo del INE debe ser eminentemente técnico y totalmente imparcial”.
Lo grave del asunto no fue solo que se rebasaron los topes, sino que hay acusaciones de que se lavó dinero sucio, que se crearon empresas fantasmas y se utilizaron mecanismos para la compra de votos como las tarjetas “prepago” que pondrán en serios aprietos a la autoridad electoral en 2018 si esto se deja en el aire.
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