Una vez más el Poder Legislativo del Estado tendrá que hacer una reforma electoral para reglamentar todo lo que la anterior legislatura no hizo en materia de reelección, incluyendo a los gobernantes independientes y para que se puedan llevar a cabo las elecciones junto con los comicios federales en julio del año próximo.
Como antecedente, desde la reforma de 2015 fueron incorporados esos conceptos y articulados tanto en la Constitución local como en la Ley Electoral, sin embargo, los legisladores anteriores no reglamentaron muchas cosas, por eso ahora debe hacerse una nueva modificación para poner las reglas claras.
Sin embargo, sucede lo de siempre: por un lado, el Congreso del Estado arrancó foros de propuestas en diversas ciudades sin haber consultado antes a los órganos que enfrentan los problemas de las leyes a medias.
Me refiero al Consejo del Instituto Estatal Electoral, así como los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, quienes según se sabe, han estado preparando sus propias propuestas desde meses atrás, pero los diputados parece que una vez más caminarán en paralelo.
Siempre es deseable que los diputados y cualquier otra autoridad local, estatal y nacional, convoque a sus ciudadanos a opinar sobre las propuestas de ley, ya que estas estarían mejor legitimadas y no sometidas al capricho e intereses de los partidos políticos.
Empero, insisto, en este caso, los que ya padecieron las lagunas existentes en tanto en la Ley como en la Constitución, son los órganos electorales que sin duda tendrían mucho que decirle a los legisladores para que se proponga una nueva norma que atienda a todas las necesidades y tiempos que no entorpezcan los procesos electorales.
Son tales las lagunas que el alcalde independiente de Juárez, Armando Cabada, presentó su propia iniciativa porque ve, entre otras cosas, que los legisladores lo pondrán en desventaja a la hora de las definiciones si no se establecen reglas claras y con bastante tiempo.
El asunto apura porque los actuales alcaldes con sus respectivos integrantes de los ayuntamientos, así como los diputados, terminarán su encargo dentro de escasos 16 meses, pero muchos buscan participar en la reelección y no saben si se atendrán a la actual reglamentación o si les cambiarán el panorama de última hora.
Actualmente, la Ley dice que los funcionarios públicos deben separarse de sus cargos un mes antes del inicio de campañas y que los independientes iniciarán la recolección de firmas casi cinco meses antes al día de la elección y es ahí en donde inician las lagunas, ya que por un lado les permite seguir en el cargo hasta casi llegados los comicios, pero por otro lado, a los sin partido les exige iniciar mucho antes con la recolección de firmas.
Se entiende desde ahora que el Legislativo busca dejar una vez más una ley a modo de los gobernantes en turno y se irá a los plazos máximos que le permite la norma para aplicar las reformas, por lo que se antojan momentos muy álgidos incluso mucho antes de que arranque el proceso electoral.
Enrique Rodríguez
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