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Campo: Reformar para Empeorar.

Campo: Reformar para Empeorar.

Por: Víctor M. Quintana S.
 
Dato duro: el 60% del presupuesto del PROCAMPO durante el sexenio de Felipe Calderón se concentró en el 20% de los beneficiarios, fundamentalmente grandes empresas del agronegocio, mientras que el 40% restante se lo tuvo que repartir el 80% de los beneficiarios. Un total de casi 600 mil productores  ricos se repartieron 58 mil millones de pesos;  mientras que 2 millones 400 mil campesinos pobres  se distribuyeron 38 mil millones. A aquellos les tocó un promedio de 96 mil 666 pesos; a éstos, 15 mil 833 pesos. (El Universal, con datos deFundar,  14 de agosto de 2014).
 
Este es sólo el ejemplo del programa PROCAMPO el que se lleva la mayor parte de los subsidios al campo, pero podrían analizarse otros con resultados incluso más inequitativos, como los programas de financiamiento a las actividades agropecuarias.
 
A pesar de estas grandes inequidades, es muy improbable que la situación cambie. Se habla mucho de la “Reforma para el Campo”. Sin embargo, pocos se fijan que hay dos proyectos de Reforma para el Campo: la que ya impusieron y promulgaron el gobierno de Peña Nieto y aliados, y la que proponen las organizaciones campesinas. Aquella está en marcha; ésta, se propuso  luego de la manifestación campesina del 23 de julio, pero no marcha.
 
La Reforma al Campo y la Reforma Energética  de Peña y el PRIAN obedecen a lo que el periodista argentino-canadiense Alberto Rabilotta llama “La fase demencial del totalitarismo neoliberal”.  Se refiere a toda esa serie de acciones que llevan a cabo los grandes poderes económicos trasnacionales, el gobierno de los Estados Unidos y la OTAN para mantener un mundo unipolar y minimizar el surgimiento de otros polos económicos, energéticos y alimentarios  como pudiera ser el grupo liderado por el BRICS.
 
Ya sabemos las implicaciones para el campo del paquete de 21 reformas promulgado por Peña y proclamado por Gustavo Madero como “su victoria cultural: legalización del extractivismo como la actividad económica prioritaria  en el campo: extracción de petróleo, gas natural,  gas shale,  aguas termales, de agua, simplemente,  minerales, por sobre todo uso agrícola, ganadero o forestal del suelo.  Despojo de los territorios a las comunidades, ejidos o propietarios, bajo la forma de “ocupación temporal” o de “servidumbre energética”;  autorización del método de fragmentación hidráulica para la extracción de gas de lutita, con los consiguientes daños ambientales y agotamiento de acuífero.
 
Ahí no termina la furia extractivista-entreguista de Peña, sus mandamases y sus aliados. Según la información de que dispone  la coalición “agua para [email protected]”, el próximo período ordinario de sesiones del Congreso, el Ejecutivo presentará un “paquete verde”,  con otra serie de reformas para dar la última vuelta de tuerca a la reforma energética: a la Ley General de Aguas que permitan una total desregulación para darle prioridad a los usos energéticos del agua: megapresas, geotermia, enfriamiento de centrales nucleares, fracking, etc. Reformas a otras leyes como la del Equilibrio Ambiental, la de Vida Silvestre, la de Desarrollo Forestal, a de Bioseguridad, para autorizar, entre otras cosas, la construcción de gasoductos en áreas naturales protegidas, quitar funciones a la PROFEPA, facilitar la explotación de energéticos en selvas, humedales y suelos forestales y autorizar la siembra de semillas transgénicas para la producción de bioenergéticas.
 
Esta será la más brutal reforma que se haya hecho al campo mexicano. Corta se queda la  contrarreforma agraria salinista que sólo afectaba la propiedad de la tierra. Ahora se afectará  la tierra, lo que está debajo, o encima de ella, lo que corre por ella. A partir de esta reforma que sí va y va con todo, la tierra, será de quienes la perforan. El agua de quienes la extraen, sobre todo para usos energéticos. Y quienes perforan o extraen son grandes compañías privadas, sobre todo extranjeras, las grandes beneficiarias de las reformas promulgadas y por promulgarse. Los perdedores: las comunidades humanas del campo, la comunidad de los seres vivos, todo eso que constituye la Nación.
 
La otra reforma, la que propone el Movimiento por la Soberanía Alimentaria, la Defensa de la Tierra y el Agua, los Recursos Naturales y el Territorio consta  en un documento titulado “Decreto mediante el cual se constituye el sistema nacional para la mediana y pequeña agricultura, la reforma del campo mexicano y la nueva política agroalimentaria y nutricional". Ese debería ser el contenido básico de las mesas de negociación que desde esa fecha se instalaron entre el Gobierno Federal y las organizaciones campesinas, pero a la fecha, ni se han activado, ni se ha analizado ni respondido la propuesta de los agricultores.
 
No es extraño, porque para el Gobierno y sus aliados la reforma al campo que interesa ya está en marcha. Van a dilatar hasta el cansancio las mesas de negociaciones con las organizaciones. Terminarán haciendo algunas concesiones para el presupuesto de egresos de 2015. Incluso podrán aprovechar oportunistamente algunas propuestas de las organizaciones para realizar algunos cambios y reactivar el clientelismo en el campo. Pudieran proyectar a Diconsa como la súper empresa ordenadora de mercados, ahora dirigida por Eduardo Velasco, con amplia experiencia en la manipulación de las bases cenecistas en el Estado de México. Podrán también poner algunos candados para detener la concentración de los subsidios como la que mostramos más arriba. O abrir  alguna nueva institución de créditos y seguros agrícolas para los pequeños y medianos productores, para  emplearla como la gran caja chica para la compra de votos, como se hacía con Banrural… pero al final de cuentas, como dice un amigo mío “nada que al alma llegue”. Nada que responda a lo que los campesinos plantean o que aleje o  retarde la implementación de la reforma neoliberal-extractivista de lo que queda del campo.
 
Lo que ha de tenerse muy en cuenta es que la Reforma para el Campo que nos están imponiendo Peña, el PRI, el PAN y sus aliados perjudica no sólo a los campesinos, los indígenas y a la mayoría de los productores rurales. Nos perjudica a todos, pues da la prioridad a la generación de energía sobre la producción de alimentos; a la extracción de recursos naturales sobre la conservación del medio ambiente y a la generación de agua y de oxígeno.
 
Esta Reforma pone el beneficio de las grandes empresas extractoras y conductoras de petróleo, gas, energía eléctrica o agua sobre el bien común, sobre el interés general de toda la población. Coloca al negocio por encima de la salud y el bienestar de la población; el lucro antes que la comunidad de seres vivos. Es una reforma contra la Nación, contra las y los mexicanos, contra el planeta. Esto es profundamente inhumano e inmoral.
 
De esta inmoralidad sí hay que indignarse y no de cosas menores como de la francachela panista en Puerto Vallarta.