La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, habría entregado un soborno de 10 millones de pesos a la actual mandataria estatal, María Eugenia Campos, como parte de una relación de complicidad que —según la dependencia— influyó para que la justicia local le concediera la libertad provisional en junio de 2024.
Durante la audiencia de imputación, el fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Manuel Granados Quiroz, argumentó que existía un alto riesgo de fuga, al señalar que Duarte contaba con una red de apoyo en Chihuahua integrada por diversos actores, entre ellos la actual gobernadora.
Este señalamiento fue uno de los principales argumentos para solicitar la prisión preventiva justificada. No obstante, aunque la medida cautelar fue finalmente impuesta por la jueza federal María Jazmín Ambriz López, el señalamiento sobre la presunta complicidad fue desestimado al considerarlo subjetivo.
En su intervención, el fiscal afirmó que la cercanía entre Duarte y la gobernadora se remontaba al presunto esquema de corrupción conocido como la “nómina secreta”, en el cual Campos Galván fue vinculada a proceso dentro de la causa penal 2821/2020, derivado —según la FGR— de un soborno por 10 millones de pesos.
La Fiscalía advirtió que esta red de apoyos, construida durante la gestión de Duarte como gobernador, tendría la capacidad económica y operativa para facilitar su huida y ocultamiento, lo que representaría un riesgo elevado de evasión de la justicia, situación que —afirmó— quedó evidenciada con la rapidez con la que obtuvo su liberación.