Interceramic, está involucrada en una controversia con su socia estadounidense Dal-Tile Corporation a propósito de la disolución de su sociedad.
El problema es que Interceramic que preside Víctor Almeida García se niega a que el asunto sea resuelto vía un arbitraje bajo el paraguas del Capítulo 11 del TLCAN.
Desde que se estableció la sociedad en 1995 en “Recubrimientos Interceramic” donde Dal-Tile International posee un 49% del capital, se pactó echar mano de un arbitraje para dirimir cualquier controversia.
La firma texana que data de 1947 y que comanda John Turner, especialista como Interceramic en recubrimientos de cerámica y otros materiales, llegó hasta conformar el panel pero éste se tuvo que disolver.
Y es que Interceramic demandó a su ahora rival en el Juzgado Primero de lo Civil en Chihuahua a cargo de María Teresa García Mata quien dictó medidas cautelares y ordenó a Dal-Tile, a la Corte de Arbitraje Internacional y al tribunal recién conformado abstenerse del procedimiento en curso.
Dal-Tile está sorprendida del proceder de la juez mexicana que no debió aceptar la demanda en su contra y menos a amenazar con desacato a los tres jueces –dos mexicanos y uno de EU– de seguir adelante.
García Mata fundamentó su decisión en la llamada “Cláusula Calvo” que se argumenta no tiene que ver con un arbitraje. De hecho con su proceder se habla de que violó la convención de NY en donde México aceptó la figura del arbitraje plasmada en el Código de Comercio.
Bajo sospechas de corrupción, práctica que tanto daño ha causado a la entidad comandada por Javier Corral, Dal-Tile ya inició una acusación contra la jueza en el Consejo de la Judicatura puesto que demeritó una petición expresa de la estadounidense para que se remitiera a las partes a un arbitraje para resolver su disputa.
Dal-Tile que busca a separarse de Interceramic por más de un cuestionamiento a la gestión operativa en “Recubrimientos Interceramic”, ya llevó el asunto ante Economía de Ildefonso Guajardo.
La dependencia fue notificada que Dal-Tile se apresta a demandar al Estado mexicano por “la denegación de justicia que ha sufrido” en los tribunales de Chihuahua.
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