Los diputados priistas Rosa Isela Gaytán y Omar Bazán Flores así como el comité de vecinos de la colonia Rinconadas Los Nogales, se reunieron ayer con el director de la COESVI para revisar el cumplimiento del convenio firmado en 2015 con el Gobierno del Estado y la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con relación a las secuelas en la salud en esta zona habitacional que se ubica a unos metros de la ex fundidora de Ávalos.
El también dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, reconoció la disposición de Carlos Borruel para avanzar en un tema muy delicado y que viene de administraciones estatales y municipales anteriores.
“Trabajaremos de la mano con vecinos y autoridades para resolver un complejo problema que tiene que ver en principio con la salud y después con una eventual reubicación de familias”, indicaron los legisladores priistas.
Decenas de habitantes se encuentran en riesgo de salud por la contaminación del subsuelo al encontrarse la colonia a unos metros de la ex fundidora de Ávalos, lo que derivó en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el año pasado.
A finales de 2019, el diputado priista pidió la intervención del Congreso para llamar a las autoridades estatales y municipales a que rindieran un informe sobre la situación que prevalece en la colonia, “pero aún estamos en espera que resuelva sobre ello la comisión legislativa que la recibió”.
En noviembre del 2015, el Gobierno del Estado de Chihuahua y las Asociaciones Civiles que representan a los vecinos del fraccionamiento, firmaron un convenio de concertación para prevenir y garantizar la salud integral de los miembros de las familias afectadas, así como proveer el pago de 41 viviendas, brindar atención en materia de salud, indemnizaciones por secuelas de la contaminación, entregar viviendas en comodato, entre otros aspectos que no se han cumplido.
La fundición de Ávalos inició operaciones en 1908 y en los últimos años de operación produjo alrededor de 250 toneladas diarias de este metal. En 1993 inició el plan de cierre que concluyó en 1998. Una evaluación preliminar en el sitio demostró exposición a plomo. Conforme los años pasaron la mancha urbana se empezó a extender llegando a estar cerca de 50 metros de dicha fundición.
La seguridad jurídica, el medio ambiente, una vivienda digna, protección de la salud, protección de la familia y los menores, el derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia así como el interés superior de la niñez son algunos de los derechos humanos que integran los distintos pactos internacionales reconocidos en el ámbito mundial. Instrumentos de los cuales México forma parte.
En marzo del año 2004, el instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua (IVI) ahora llamado Comisión Estatal de la Vivienda del Estado de Chihuahua (COESVI), adquirió varias hectáreas donde se llevó a cabo la construcción del Fraccionamiento “Rinconada Los Nogales” en terrenos contiguos de la antigua Fundidora Avalos, donde aún se localizan depósitos de escorias, residuos minero- metalúrgicos y jales generados durante la operación de la fundidora, al momento del cierre de la Fundidora Avalos los residuos no tuvieron una disposición final, ni el manejo debido o tratamiento así como tampoco se tuvo una remediación del ambiente en el sitio para la dispersión de esos contaminantes en el área.
Los vecinos del Fraccionamiento mencionan que al momento de la construcción y planificación del fraccionamiento las autoridades tanto estatales como municipales incurrieron en diversas irregularidades en licencias, uso de suelo y demás documentos relacionados a la construcción, ya que los terrenos aledaños tanto del fraccionamiento como de la Fundidora Avalos se encuentran contaminados por varios metales pesados tales como: Plomo, Arsénico, Cadmio, Zinc, Cobalto40, Mercurio, entre otros.
Este fraccionamiento cuenta con cientos de casas de interés social en sus diferentes etapas del fraccionamiento, donde habitan niños, mujeres, hombres y adultos mayores, así como también cuenta con áreas verdes, planteles educativos, centros de salud y plazas comerciales, que están a escasos 50 metros del perímetro donde se sitúan los residuos de la planta que desde la apertura de esta zona urbana todas las personas que ahí habitan han estado expuestos a los diferentes metales antes mencionados que son nocivos para la salud.
En el 2006 se llevó a cabo un estudio sobre el impacto ambiental realizado por el laboratorio Earth Tech México. La Coespris notificó al Secretario de Fomento Social, que en el suelo de la zona existía una concentración de 511 microgramos de plomo, cuando la Norma Oficial Mexicana NOM-147-Semarnat/SSA1-2004 establece como límite concentraciones máximas de 400 microgramos.
De acuerdo con los resultados de otro estudio realizado por la Coespris en 2012 que se llamó “Exposición humana al plomo”, se realizó un examen a 119 menores en edades de 4 a 15 años, que radican en la zona de Ávalos, donde se les encontró que la mayoría presentan niveles que rondan desde los 17.51 microgramos de plomo por decilitro de sangres hasta casos donde se encontró grandes niveles de plomo en la sangre algunos llegando a tener niveles de 48.8 o más, cuando la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000 establece un máximo de plomo permisible en la sangre es de 10 microgramos por decilitro en los niños.
En noviembre del 2014 la Coespris realizo un estudio de impacto ambiental para analizar el agua de los tinacos de los vecinos del fraccionamiento, dicho estudio revelo la que el agua contenía plomo, arsénico, cadmio, níquel, cobre y cobalto 40, muy por encima de lo permitido.
Las familias afectadas se vieron en la necesidad de crear una organización llamada “Familias Unidas por la Salud de los Niños” por sus siglas “FAMUNISA”, por medio de la cual solicitaron la intervención y apoyo del Gobierno del Estado, del Congreso del Estado, del Municipio de Chihuahua y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
FAMUNISA informó que el convenio no se ha cumplido en su totalidad ya que solo unas familias fueron reubicadas bajo la figura de comodato en casas que son indignas, pequeñas y degradan el nivel social en el cual habitaban en el Fraccionamiento; FAMUNISA interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como también cuentan con una averiguación previa colectiva en la PGR AP.PGR/CHIH/JUA/14/2016-II-B y mediante oficio 303/2018, se reconoció a los pobladores del fraccionamiento con el carácter de víctimas; también se interpuso una demanda colectiva vía civil, donde se emitieron algunas medidas cautelares en atención médica y la Secretaria de Salud solo ha proporcionado atención medica de primer nivel, sin atender en su totalidad estas medidas.